“La negativa constituye un hecho de inusitada gravedad institucional”, sentenciaron los defensores de Ariel Máximo Cantero y Emmanuel Chamorro. Apuntan al Servicio Penitenciario provincial.

“Tal negativa constituye un hecho de inusitada gravedad institucional”, afirma el comunicado enviado a los medios de parte de los abogados defensores Fausto Yrure y Carlos Edwards, al tiempo que subraya que “un funcionario administrativo se niega a cumplir con una orden judicial, lo cual provoca un verdadero conflicto de poderes, inadmisible en un Estado de Derecho, constituyendo un indudable mensaje disciplinador al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe a fin de que lo jueces no cumplan con su deber constitucional de controlar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, a efectos de evitar que sean sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
De hecho, los abogados defensores advierten que en el caso de que el servicio penitenciario provincial persista “en el incumplimiento de la orden judicial”, será “denunciarán penalmente al Secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, por el delito de desobediencia”.
Asimismo, seañala que solicitará “la inmediata intervención de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, la cual tiene competencia originaria y exclusiva para entender cuando se genera un conflicto de poderes, además de denunciar este incumplimiento ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, lo que provocará la responsabilidad internacional del Estado Argentino por las omisiones de funcionarios provinciales”.
Esta nueva presentación de los defensores de Ariel Máximo cantero y Carlos Edwards surge luego de que esta mañana Cococcioni manifestará públicamente su disconformidad con la decisión judicial de determinar en qué lugares deben ser alojados los detenidos considerados de peligrosidad en los ámbitos carcelarios de la provincia.
En distintas misivas elevadas a jueces, Cococcioni dejó en claro, no obstante, que acatará “puntillosamente” las medidas emanadas de resoluciones judiciales, “pero que eso no implica no expresar su discrepancia y disconformidad con ellas”.
Esta situación de hoy se suma a una ya larga polémica en la que el funcionario del Poder Ejecutivo y distintos jueces se enfrentan a partir de las órdenes de estos últimos para movilizar internos dentro de las cárceles, a veces por el hecho de denunciar éstos que se encuentran en situaciones de indignidad o agravamiento de las condiciones de encierro.
Cococcioni en varias ocasiones resaltó las órdenes judiciales que piden trasladar presos conflictivos como una situación que debilitaba las condiciones de seguridad de las unidades penitenciarias a su cargo.
Por eso, ante la decisión de Acosta, dijo que habrá traslados rotativos, de modo sorpresivo y no anunciado, de modo de cumplir la orden judicial que indica que estos presos “quieren estar en un pabellón común” y que debe “ponerse celo en evitar su fuga”.

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